La búsqueda de la "pureza" en la designación de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se asemeja a la persecución de una quimera. Lo crucial es que quienes lleguen a ocupar tan altas responsabilidades lo hagan libres de ataduras y compromisos que puedan condicionar su imparcialidad. La autonomía, ese intangible tan preciado, debe ser el faro que guíe sus decisiones, permitiéndoles juzgar con apego a la ley y no a consignas.

El próximo 1 de junio, la ciudadanía participará en un experimento electoral que definirá la composición de la nueva Corte. Es imperativo que los votantes sopesen la independencia de los aspirantes como un factor determinante. Un Poder Judicial robusto se construye sobre los cimientos de la imparcialidad, la honestidad y la autonomía de sus juzgadores.

Ante la trascendencia de esta elección, resulta fundamental analizar las conexiones y afinidades de quienes ya han iniciado su campaña. De los 63 candidatos, menos de la mitad (28) cuentan con experiencia en el Poder Judicial, ya sea a nivel federal o estatal. 30 provienen del ámbito académico, despachos de abogados, activismo o han ocupado cargos en la administración pública durante la 4T. Los 5 restantes se desempeñan como secretarios de estudio o en tribunales.

Un dato revelador es la mayor trayectoria en el Poder Judicial que ostentan las mujeres aspirantes. De las 32 candidatas, 16 son magistradas federales o estatales y 3 ministras. En contraste, de los 31 hombres, sólo 8 son magistrados y 1 juez. Ricardo Sodi, expresidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, con más de 15 años de carrera judicial, destaca como el candidato con mayor experiencia en este ámbito.

El espectro político también se hace presente en esta contienda. Al menos 22 de los 63 aspirantes tienen vínculos con Morena, algunos incluso han militado en el partido. Otros muestran afinidad con el PAN o Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la red de influencias se extiende más allá de las afiliaciones partidistas, abarcando una compleja trama de trayectorias y proyectos políticos.

Figuras como María Estela Ríos, exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador; Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y esposa del morenista Jesús Valencia; Federico Anaya, exasesor de Martí Batres; Eduardo Santillán Pérez, exdiputado local y excandidato a alcalde por Morena; e Irving Espinosa Betanzo, exasesor de Morena en el Congreso de la CDMX, ilustran la presencia morenista en la contienda.

Las relaciones familiares también juegan un papel. Paula María García Villegas, hija de la diputada de Morena y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, es un ejemplo. Asimismo, se identifican personas cercanas al ministro en retiro Arturo Zaldívar, como Lorena Pérez, Fabiana Estrada, Ana María Ibarra y Marisol Castañeda. Jazmín Bonilla, con amplia trayectoria en el Poder Judicial y cercana a Javier Láynez, también se suma a esta lista.

No faltan las figuras polémicas. Ulises Carlín, exconsejero jurídico del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mauricio Flores, exabogado del empresario Alonso Ancira, son ejemplos de ello. Dora Alicia Martínez, exdiputada del PAN; Sara Irene Herrerías, experta en criminología que trabajó en la Fiscalía General de la República con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y actualmente colabora en la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero; e incluso Maricela Morales, extitular de la PGR, añaden complejidad al panorama.

Perfiles técnicos como Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Arístides Guerrero García, extitular del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, también compiten por un lugar en la SCJN.

Finalmente, las tres ministras que buscan la reelección, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, parecen tener una ventaja inicial. Sin embargo, es importante destacar que no forman un bloque homogéneo. Batres se ha enfrentado tanto con Esquivel como con Ortiz, y esta última también ha tenido diferencias con Batres. Al igual que en el resto de la 4T, la uniformidad no es la norma.

De este crisol de perfiles emergerán los próximos integrantes de la SCJN. La pregunta crucial es: ¿con qué grado de autonomía e independencia llegarán? ¿O qué tan comprometidos estarán y con quién? La respuesta la tiene el futuro, pero el análisis presente es fundamental para comprender las fuerzas que moldearán el máximo tribunal del país.