La economía mexicana se encuentra en una encrucijada. Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2025, trazados con un optimismo quizás desmedido, chocan con una realidad marcada por la incertidumbre y la volatilidad. La llegada de una nueva administración en Estados Unidos, con un estilo de gobierno disruptivo, ha inyectado una dosis de imprevisibilidad que dificulta la adaptación del mercado y frena la inversión, tanto nacional como extranjera. Este clima de incertidumbre, lejos de ser un riesgo calculable, se convierte en un obstáculo para la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.

El impacto de esta incertidumbre se extiende a varios sectores clave de la economía mexicana. Las empresas, enfrentadas a un panorama incierto, posponen inversiones y proyectos, lo que a la larga puede traducirse en una desaceleración económica más pronunciada. La previsión de un "súper peso", que impulsó el consumo de bienes importados y alimentó las expectativas del gobierno, se ha desvanecido. La realidad es que el peso se ha depreciado considerablemente, alejándose del rango proyectado, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del consumo a los niveles previstos.

Es preciso analizar con detenimiento los pilares sobre los que se construyó el optimismo inicial. El consumo, si bien ha mostrado crecimiento, se ha sustentado en gran medida en la importación de bienes, dejando a los productores nacionales rezagados. Esta dependencia del tipo de cambio se convierte en un factor de vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado. Además, la inversión privada, considerada un motor clave para el crecimiento, se ve frenada por la incertidumbre y por las contradicciones de una política económica que, a la luz de los acontecimientos, parece haber subestimado la interrelación de variables cruciales.

El fenómeno del nearshoring, que prometía un auge para la economía mexicana, también se ve afectado por este contexto. La incertidumbre y la falta de claridad en las políticas económicas generan dudas entre los inversionistas, quienes podrían optar por posponer o redireccionar sus proyectos. Esto representa una oportunidad perdida para el país, que necesita capitalizar las ventajas del nearshoring para impulsar su crecimiento y desarrollo.

Ante este panorama, es fundamental que las autoridades revisen sus proyecciones y ajusten sus estrategias. Persistir en un optimismo infundado puede llevar a decisiones equivocadas y agravar la situación económica. Es necesario un análisis realista de las variables en juego, que considere la incertidumbre externa y las debilidades internas, para diseñar políticas económicas que permitan sortear los desafíos y encaminar al país hacia una senda de crecimiento sostenible. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno está dispuesto a reconocer la brecha entre sus proyecciones y la realidad, y a tomar las medidas necesarias para corregir el rumbo. La estabilidad y el futuro de la economía mexicana dependen de ello.