La llegada del Impuesto Verde a la Ciudad de México ha generado un intenso debate en el sector empresarial. Más allá de la recaudación, que se estima en 60 millones de pesos, la verdadera intención, según las autoridades, es incentivar la transición hacia prácticas más sostenibles. ¿Es este impuesto un castigo o una oportunidad? La respuesta, como suele suceder, es compleja y matizada.

Por un lado, la preocupación de las empresas es comprensible. Asumir un nuevo costo, en un contexto económico a menudo desafiante, puede ser visto como una carga adicional. La pregunta que surge es si este impuesto se traducirá en una mejora tangible en la calidad del aire o si simplemente se convertirá en otro trámite burocrático. La transparencia en la gestión de los recursos recaudados será clave para disipar estas dudas. Es fundamental que el gobierno capitalino detalle con precisión cómo se invertirán estos fondos en proyectos de electromovilidad, cuidado de animales y otras iniciativas ecológicas. Un portal de acceso público, con información actualizada sobre los proyectos financiados, sería una herramienta invaluable para generar confianza y demostrar el impacto real del impuesto.

Por otro lado, el Impuesto Verde también puede interpretarse como una oportunidad. No solo para mejorar la imagen de las empresas comprometidas con el medio ambiente, sino también para impulsar la innovación y la eficiencia en sus procesos. La búsqueda de alternativas más limpias, aunque implique una inversión inicial, puede generar ahorros a largo plazo y abrir nuevas oportunidades de negocio en el creciente mercado de la sostenibilidad. Imaginemos empresas que, impulsadas por este impuesto, implementan sistemas de reciclaje de última generación, reducen drásticamente su consumo de energía o incluso desarrollan nuevas tecnologías para la captura de CO2. Este escenario, lejos de ser una utopía, es una posibilidad real que el Impuesto Verde puede ayudar a materializar.

La homologación con el Estado de México en materia de impuestos ambientales es un paso importante hacia una estrategia regional para combatir la contaminación. El Valle de México, con su compleja dinámica urbana e industrial, requiere soluciones integrales que trasciendan las fronteras administrativas. La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado será esencial para lograr resultados significativos.

Finalmente, la clave del éxito de esta iniciativa reside en el diálogo y la colaboración entre todos los actores involucrados. Las empresas deben ver en el Impuesto Verde no un obstáculo, sino un incentivo para la transformación. El gobierno, por su parte, tiene la responsabilidad de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos y facilitar la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos construir una ciudad más limpia, saludable y respirable para todos.