La sombra de la corrupción se cierne sobre la pasada administración estatal panista en Tamaulipas. Una cifra impactante, superior a los mil millones de pesos, es el presunto monto del quebranto al erario público, según las cinco denuncias presentadas por la Contraloría Gubernamental ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este dato, revelado por la titular de la dependencia, Angélica Pedraza Melo, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, ha generado una onda expansiva de indignación y preocupación entre la ciudadanía. No se trata de un caso aislado, sino de una trama compleja que involucra a diversas dependencias, desde Obras Públicas y Bienestar Social, hasta Salud, la Secretaría General de Gobierno y el Instituto del Deporte. La magnitud del presunto desfalco nos obliga a preguntarnos: ¿cómo se permitió que esto ocurriera? ¿Qué mecanismos de control fallaron? ¿Quiénes son los responsables últimos de este perjuicio a las finanzas públicas?

La Contraloría no se ha limitado a las denuncias ante la FGR. Doce denuncias adicionales han sido interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por un monto que asciende a 157 millones de pesos. Estas acciones demuestran la firme determinación de la actual administración de combatir la impunidad y llevar ante la justicia a quienes hayan cometido actos de corrupción. La cifra total de expedientes abiertos por presunta responsabilidad administrativa, 3,014, es una muestra contundente de la magnitud del problema que se enfrenta. Es una tarea titánica, que requiere de la colaboración de todas las instancias involucradas, desde la Auditoría Superior de la Federación hasta los contralores internos, pasando por la invaluable participación ciudadana, a través de las denuncias.

La herencia de la administración anterior es pesada. De los 3,014 expedientes, mil 019 corresponden a la gestión panista, y un alarmante 70% de ellos se encuentran estancados en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Este atasco judicial no solo obstaculiza el avance de las investigaciones, sino que también genera la percepción de impunidad. ¿Por qué estos casos no avanzan? ¿Existen presiones políticas que impiden que se haga justicia? La Contraloría ha presentado denuncias para destrabar estos procesos, pero es fundamental que el Poder Judicial actúe con celeridad y transparencia. La ciudadanía exige respuestas y resultados concretos.

La lupa de la Contraloría también se posa sobre dos municipios fronterizos, tras las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en el manejo de recursos federales. Aunque los nombres de los municipios no han sido revelados oficialmente, se especula que podrían ser Reynosa y Matamoros. Esta incertidumbre genera aún más inquietud. ¿Qué tipo de irregularidades se han detectado? ¿Cuál es el monto del posible daño patrimonial? La transparencia es fundamental en estos casos, para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información y exigir rendición de cuentas.

El camino hacia la erradicación de la corrupción es largo y complejo. Los 24 expedientes remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa, que se encuentran estancados a pesar de las pruebas presentadas, son un claro ejemplo de los obstáculos que se deben superar. En contraste, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ha logrado sentencias condenatorias, con penas de prisión y la obligación de resarcir el daño causado al erario público. Estos casos de éxito demuestran que es posible combatir la corrupción, siempre y cuando exista la voluntad política y la capacidad institucional para hacerlo. La sociedad tamaulipeca espera que las investigaciones en curso lleguen hasta las últimas consecuencias, sin importar el nivel jerárquico de los implicados. La justicia debe ser ciega e implacable.