La reciente decisión judicial que permite a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga operar libremente en el sistema financiero mexicano, a pesar de las órdenes de aprehensión en su contra, ha desatado una ola de controversia y críticas al Poder Judicial. El caso, retomado por el titular de la UIF, Pablo Gómez, durante la Mañanera, pone de manifiesto la aparente facilidad con la que individuos señalados por delitos financieros logran eludir las restricciones impuestas por las autoridades. Se argumenta que la liberación de sus cuentas, sin un juicio de fondo que determine su inocencia, sienta un precedente peligroso y socava los esfuerzos de combate al lavado de dinero.

La preocupación se extiende más allá del caso Gómez Mont-Álvarez Puga. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado la liberación de miles de millones de pesos congelados por la UIF, vinculando estas acciones a una supuesta colusión y corrupción dentro del Poder Judicial. La mandataria ha señalado que este tipo de decisiones judiciales, que permiten el acceso a recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas, obstaculizan la lucha contra la delincuencia financiera y la corrupción. Además, ha instado a una profunda renovación del Poder Judicial, argumentando que la situación actual exige una revisión exhaustiva de los mecanismos de control y supervisión.

La controversia generada por la liberación de las cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos legales que regulan el bloqueo y desbloqueo de activos financieros. Se plantea la urgencia de reformar las leyes para evitar que las suspensiones provisionales, otorgadas sin un análisis de fondo, permitan la liberación de recursos presuntamente vinculados a actividades ilícitas. La discusión se centra en la búsqueda de un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la eficacia de las medidas de combate al lavado de dinero. Se argumenta que la facilidad con la que se otorgan amparos que levantan el bloqueo de cuentas, sin un debido proceso, debilita la capacidad del Estado para perseguir y sancionar los delitos financieros.

Las cifras presentadas por la UIF revelan la magnitud del desafío. Miles de personas físicas y morales han sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, y se han congelado miles de millones de pesos en activos. Sin embargo, un porcentaje significativo de estos recursos ha sido desbloqueado por resoluciones judiciales, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas. La discusión sobre cómo fortalecer las herramientas de la UIF y garantizar que los recursos bloqueados no sean liberados sin un juicio de fondo se convierte en un tema crucial para el futuro de la lucha contra el lavado de dinero en México. La búsqueda de mecanismos más robustos y eficientes se presenta como un imperativo para preservar la integridad del sistema financiero y sancionar a quienes se benefician de actividades ilícitas. La sociedad demanda transparencia y rendición de cuentas en el manejo de estos casos, y la necesidad de reformas legales se hace cada vez más evidente.