La decisión del INE de prohibir la promoción de la participación ciudadana en las elecciones judiciales del 2025 ha generado una intensa polémica en el ámbito político. La medida, argumenta el Instituto, busca blindar la imparcialidad del proceso y evitar la influencia indebida de figuras gubernamentales en la contienda. Sin embargo, esta postura ha sido recibida con escepticismo por parte de Morena, quienes consideran que la prohibición coarta el derecho a la información y limita la participación ciudadana en un evento democrático de vital importancia.

El argumento central del diputado Arturo Ávila, vocero de Morena, gira en torno a la diferenciación entre la promoción de perfiles específicos y la difusión del proceso electoral en sí. Ávila insiste en que las reformas constitucionales impulsadas por su partido no prohíben informar a la población sobre la elección del Poder Judicial, sino únicamente la promoción de candidatos particulares. Para el legislador, la difusión del proceso es no solo permitida, sino necesaria para fortalecer la democracia y legitimar la elección. De hecho, la considera un deber cívico de las instituciones públicas.

La controversia se centra en la interpretación del Artículo 506 de la Ley Electoral, que prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de la elección del Poder Judicial. Mientras el INE interpreta esta disposición como una prohibición general a cualquier tipo de promoción, Ávila argumenta que la intención original del artículo era evitar el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos específicos, no para impedir la difusión informativa del proceso. Esta discrepancia en la interpretación legal, subraya Ávila, deberá ser resuelta por los tribunales, quienes tendrán la última palabra.

La postura de Morena se sustenta en la idea de que una ciudadanía informada es una ciudadanía participativa. El desconocimiento del proceso electoral, argumentan, podría llevar a una baja participación y, en consecuencia, a una menor legitimidad del Poder Judicial electo. Para el partido, es fundamental que la población conozca los detalles de la elección: cómo votar, qué se votará, la estructura de las boletas y la organización de los distritos judiciales. Estos elementos, según Ávila, son esenciales para ejercer un voto informado y consciente.

El diputado Ávila hace una comparación con otras democracias, donde la promoción del voto es una práctica común tanto para instituciones gubernamentales como para organizaciones privadas. Esta promoción, argumenta, no busca influir en la decisión del electorado, sino simplemente facilitar su participación en el proceso democrático.

Finalmente, Ávila revela que Morena había preparado una campaña informativa antes de la prohibición del INE. Esta campaña, según el diputado, se centraba en informar a la población sobre la aprobación de las reformas, la creación del nuevo Poder Judicial y la fecha de la elección. Reitera que el objetivo de la campaña no era promover candidatos específicos, sino asegurar que la ciudadanía estuviera debidamente informada sobre este proceso electoral histórico. La prohibición del INE, desde la perspectiva de Morena, representa un obstáculo para la consolidación de la democracia y la participación ciudadana.